DECRETO LEY Nº 3.500

(Publicado en el Diario Oficial de 13 de noviembre de 1980)

Santiago, 4 de noviembre de 1980. Hoy se dictó el siguiente:

Núm. 3.500.- Visto: Lo dispuesto en los decretos leyes Números 1 y 128, de 1973; 527, de 1974; y 991, 

de 1976.

La Junta de Gobierno de la República de Chile ha acordado dictar el siguiente Decreto ley:

TITULO I

Normas Generales

Artículo 1º.- Créase un Sistema de Pensiones de Vejez, de Invalidez y Sobrevivencia derivado de la 

capitalización individual que se regirá por las normas de la presente ley.

La capitalización se efectuará en organismos denominados Administradoras de Fondos de Pensiones.

El Estado garantiza pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia a todos los afiliados al 

Sistema que cumplan los requisitos establecidos en este cuerpo legal.

Artículo 2º.- El inicio de la labor del trabajador no afiliado genera la afiliación automática al 

Sistema y la obligación de cotizar en una Administradora de Fondos de Pensiones, sin perjuicio de lo 

dispuesto para los independientes.

La afiliación es la relación jurídica entre un trabajador y el Sistema de Pensiones de Vejez, Invalidez y 

Sobrevivencia que origina los derechos y obligaciones que la ley establece, en especial, el derecho a las 

prestaciones y la obligación de cotización.

La afiliación al Sistema es única y permanente. Subsiste durante toda la vida del afiliado, ya sea que 

se mantenga o no en actividad, que ejerza una o varias actividades simultáneas o sucesivas, o que cambie 

de Institución dentro del Sistema.

1

(1) Texto obtenido del editado por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones en su página Web.

2

(2) Contiene las modificaciones introducidas por las siguientes normas legales:

D.L. Nº 3.626, de 21 de febrero de 1981, D.L. Nº 3.650, de 11 de marzo de 1981, Ley Nº 18.072, de 1 de diciembre de 1981, Ley Nº 

18.086, de 31 de diciembre de 1981, Ley Nº 18.137, de 5 de julio de 1982, Ley Nº 18.196, de 29 de diciembre de 1982, Ley Nº 18.208, de 

26 de enero de 1983, Ley Nº 18.225, de 28 de junio de 1983, Ley Nº 18.379, de 4 de enero de 1985, Ley Nº 18.398 de 24 de enero de 

1985, Ley Nº 18.420, de 5 de julio de 1985, Ley Nº 18.481, de 24 de diciembre de 1985, Ley Nº 18.482, de 28 de diciembre de 1985, Ley 

Nº 18.520, de 13 de junio de 1986, Ley Nº 18.646, de 29 de agosto de 1987, Ley Nº 18.681, de 31 de diciembre de 1987, Ley Nº 18.717, 

de 28 de mayo de 1988, Ley Nº 18.753, de 28 de octubre de 1988, Ley Nº 18.768, de 29 de diciembre de 1988, Ley Nº 18.798, de 23 de 

mayo de 1989, Ley Nº 18.840, de 10 de octubre de 1989, Ley Nº 18.964, de 10 de marzo de 1990, Ley Nº 19.177, de 27 de noviembre de 

1992, Ley Nº 19.200, de 18 de enero de 1993, Ley Nº 19.247, de 15 de septiembre de 1993, Ley Nº 19.260, de 4 de diciembre de 1993, 

Ley Nº 19.301, de 19 de marzo de 1994, Ley Nº 19.350, de 14 de noviembre de 1994, Ley Nº 19.389, de 18 de mayo de 1995, Ley Nº 

19.398, de 4 de agosto de 1995, Ley Nº 19.404, de 21 de agosto de 1995, Ley Nº 19.415, de 30 de septiembre de 1995, Ley Nº 19.469, de 

3 de septiembre de 1996, Ley Nº 19.601, de 18 de enero de 1999, Ley Nº 19.641, de 28 de octubre de 1999, Ley Nº 19.705, de 20 de 

diciembre de 2000, Ley Nº 19.768, de 7 de noviembre de 2001, Ley Nº 19.795, de 28 de febrero de 2002, y Ley N° 19.934, de 21 de 

febrero de 2004.Cada trabajador, aunque preste servicios a más de un empleador, sólo podrá cotizar en una

Administradora.

El empleador deberá comunicar la iniciación o la cesación de los servicios de sus trabajadores, a la 

Administradora de Fondos de Pensiones en que éstos se encuentren afiliados, dentro del plazo de treinta 

días contados desde dicha iniciación o término. La infracción a esta norma será sancionada con una multa 

a beneficio fiscal equivalente a 0,2 unidades de fomento, cuya aplicación se sujetará a lo dispuesto en el 

inciso sexto del artículo 19.

El trabajador deberá comunicar a su empleador la Administradora en que se encuentre afiliado o 

decida afiliarse, dentro de los treinta días siguientes a la iniciación de sus servicios. Si no lo hiciere, el 

empleador cumplirá la obligación a que se refiere el artículo 19, enterando las cotizaciones en la

Administradora que determine en conformidad al reglamento.

Las Administradoras no podrán rechazar la solicitud de afiliación de un trabajador formulada

conforme a esta ley.

TITULO II

De los Beneficiarios y Causantes

Artículo 3º.- Tendrán derecho a pensión de vejez los afiliados que hayan cumplido sesenta y cinco 

años de edad si son hombres, y sesenta años de edad si son mujeres, sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo 68.

Los afiliados que cumplan con los requisitos señalados en el inciso anterior y no ejerzan su derecho a 

obtener pensión de vejez, no podrán pensionarse por invalidez y la Administradora quedará liberada de la 

obligación y responsabilidad que señala el artículo 54 para las pensiones de sobrevivencia que generaren.

Artículo 4º.- Tendrán derecho a pensión de invalidez los afiliados no pensionados por esta ley que, 

sin cumplir los requisitos de edad para obtener pensión de vejez, y a consecuencia de enfermedad o 

debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales, sufran un menoscabo permanente de su capacidad de 

trabajo, de acuerdo a lo siguiente:

 a) Pensión de invalidez total, para afiliados con una pérdida de su capacidad de trabajo de, al 

menos, dos tercios, y

b) Pensión de invalidez parcial, para afiliados con una pérdida de su capacidad de trabajo igual o 

superior a cincuenta por ciento e inferior a dos tercios.

Las Comisiones Médicas a que se refiere el artículo 11, deberán, frente a una solicitud de pensión de

invalidez del afiliado, verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso anterior y 

emitir un primer dictamen de invalidez que otorgará el derecho a pensión de invalidez total o parcial a 

contar de la fecha que se declare la incapacidad, o lo negará, según corresponda.

Transcurridos tres años desde la fecha a partir de la cual fue emitido el primer dictamen de invalidez 

que originó el derecho a pensión, las Comisiones Médicas, a través de las Administradoras deberán citar 

al afiliado inválido, y emitir un segundo dictamen que ratifique o modifique el derecho a pensión de 

invalidez, total o parcial, o lo deje sin efecto, según el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

primer inciso de este artículo. En caso que el afiliado inválido cumpliere la edad legal para pensionarse 

por vejez dentro del plazo de tres años, podrá solicitar a la Comisión Médica respectiva, por intermedio 

de la Administradora a que estuviera afiliado, que emita el segundo dictamen al cumplimiento de la edad

legal.

La citación deberá realizarse por escrito conjuntamente con el pago de las tres pensiones anteriores al 

vencimiento del período a que se refiere el inciso anterior. Si el afiliado no se presentare dentro del plazo 

de 3 meses contados desde la fecha en que fue citado, se suspenderá el pago de su pensión. Si no se 

presentare dentro del plazo de 6 meses contados en igual forma, se entenderá que ha cesado la invalidez.Sin perjuicio de lo anterior, los afiliados declarados inválidos parciales que no se hayan acogido a 

pensión de vejez y que no cumplan con los requisitos de edad señalados en el inciso primero del artículo 

3º tendrán derecho a pensión de invalidez total, siempre que cumplan con la letra a) de este artículo.

Las Comisiones Médicas podrán, mediante resolución fundada, citar durante el período que se señaló 

en el inciso tercero, a los afiliados cuyo primer dictamen de invalidez generó derecho a pensión, para 

solicitar nuevos exámenes en relación a su calidad de inválido y emitir si fuere procedente, el segundo 

dictamen. La citación se practicará por escrito conjuntamente con el pago de las tres pensiones anteriores 

a la fecha de la citación, bajo apercibimiento de la suspensión de la pensión o de dejar sin efecto el primer 

dictamen, en la forma que señala el inciso cuarto.

Artículo 5º.- Serán beneficiarios de pensión de sobrevivencia, los componentes del grupo familiar del 

causante, entendiéndose por tal, el o la cónyuge sobreviviente, los hijos legítimos, naturales o adoptivos, 

los padres y la madre de los hijos naturales del causante.

Cada afiliado deberá acreditar, ante la respectiva Administradora, la existencia de sus eventuales 

beneficiarios, por los medios legales pertinentes.

Artículo 6º.- La cónyuge sobreviviente, para ser beneficiaria de pensión de sobrevivencia, debe haber 

contraído matrimonio con el causante a lo menos con seis meses de anterioridad a la fecha de su 

fallecimiento o tres años, si el matrimonio se verificó siendo el causante pensionado de vejez o invalidez.

Estas limitaciones no se aplicarán si a la época del fallecimiento la cónyuge se encontrare embarazada 

o si quedaren hijos comunes.

Artículo 7º.- El cónyuge sobreviviente para ser beneficiario de pensión de sobrevivencia, debe ser 

inválido en los términos establecidos en el Artículo 4º, y concurrir las exigencias establecidas en el inciso 

primero del artículo anterior a menos que quedaren hijos comunes.

Artículo 8º.- Los hijos para ser beneficiarios de pensión de sobrevivencia, deben ser solteros y 

cumplir uno de los siguientes requisitos:

a) Ser menores de 18 años de edad;

b) Ser mayores de 18 años de edad y menores de 24, si son estudiantes de cursos regulares de 

enseñanza básica, media, técnica o superior.

La calidad de estudiante deberá tenerla a la fecha del fallecimiento del causante o al cumplir los 

18 años de edad; y

c) Ser inválido, cualquiera sea su edad, en los términos establecidos en el artículo 4º.

Para estos efectos, la invalidez puede producirse después del fallecimiento del causante, pero antes de 

que cumpla las edades máximas establecidas en la letra a) o b) de este artículo, según corresponda.()

Artículo 9º.- Las madres de hijos naturales del causante tendrán derecho a pensión de sobrevivencia si 

reúnen los siguientes requisitos, a la fecha del fallecimiento:

a) Ser soltera o viuda; y

b) Vivir a expensas del causante.()

Artículo 10.- A falta de las personas señaladas en los artículos anteriores, los padres tendrán derecho 

a pensión de sobrevivencia siempre que a la época del fallecimiento del afiliado sean causantes de 

asignación familiar, reconocidos por el organismo competente.

Artículo 11.- La invalidez a que se refiere el artículo 4º y la de las personas señaladas en el artículo 7º 

y en la letra c) del artículo 8º será calificada, en conformidad a las “Normas para la evaluación y 

calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al nuevo sistema de pensiones”, según lo 

señale el reglamento respectivo, por una Comisión de tres médicos cirujanos que funcionará en cada 

Región, designados por el Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones, en la forma que establezca el reglamento de esta ley. Podrá designarse más de una Comisión en aquellas Regiones que lo 

requieran, en razón de la cantidad de trabajadores que en ellas laboren o de la distancia de sus centros 

poblados.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán administrar y financiar en conjunto, en la 

proporción que corresponda de acuerdo al número de afiliados que soliciten pensión de invalidez en cada 

una de ellas, las Comisiones Médicas Regionales y Comisión Médica Central, excluidos los gastos 

derivados de la contratación del personal médico. El reglamento normará la organización, las funciones 

de las Comisiones y el régimen aplicable a los médicos integrantes de éstas, los que no serán trabajadores 

dependientes de la Superintendencia y deberán ser contratados por ésta, a honorarios.()

Las compañías de seguros a que se refiere el artículo 59, podrán designar un médico cirujano en cada 

una de las Comisiones Regionales, para que asistan como observadores a las sesiones de éstas, cuando 

conozcan de la calificación de invalidez de un afiliado cuyo riesgo ellas hubieran cubierto.

La persona que solicite pensión de invalidez deberá someterse a los exámenes que le requiera la 

Comisión Médica Regional. Dichos exámenes serán decretados por dicha comisión y financiados por las 

Administradoras y por los propios interesados, exclusivamente. Estos últimos contribuirán al

financiamiento de los exámenes en el monto que les habría correspondido pagar de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 30 de la ley Nº 18.469. Sin embargo, las Administradoras de Fondos de

Pensiones que lo deseen podrán financiar tales exámenes en mayor proporción que la que habría 

correspondido según el artículo y la ley mencionados. El reglamento establecerá las normas para la 

homologación de los exámenes a que se refiere este inciso con las prestaciones aludidas en la ley 

Nº 18.469 y en sus normas complementarias, en los casos en que aquéllos no estuvieren contemplados en 

tales normas.

Los dictámenes que emitan las Comisiones serán reclamables por el afiliado afectado, por la

Administradora a la cual éste se encuentre incorporado y por las compañías de seguros a que alude el 

inciso tercero, ante la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de 

Pensiones, la que estará integrada por tres médicos cirujanos designados por el Superintendente en igual 

forma que los de las Comisiones Regionales y conocerá del reclamo sin forma de juicio, ateniéndose al 

siguiente procedimiento:

a) El reclamo deberá interponerse por escrito, dentro del plazo de quince días hábiles contado desde 

la fecha de la notificación del dictamen, ante la Comisión Regional que lo emitió y sin necesidad 

de patrocinio de abogado;

b) La Comisión Regional remitirá a la Comisión Médica Central, el reclamo y la totalidad de los 

antecedentes que sirvieron de base a su pronunciamiento, dentro del plazo de cinco días, contado 

desde la recepción del reclamo por parte de la Comisión Regional;

c) La Comisión Médica Central estudiará los antecedentes que le sean enviados y podrá disponer 

que se practiquen al afiliado nuevos exámenes o análisis, para lo cual oficiará a la Comisión 

Regional. Los nuevos exámenes o análisis deberán practicarse en un plazo no superior a sesenta 

días, y

d) La Comisión Médica Central dispondrá de un plazo de diez días hábiles, contado desde la fecha 

en que reciba los nuevos exámenes o análisis, o desde que reciba el reclamo, en su caso, para 

emitir su fallo, el que podrá confirmar o revocar lo resuelto por la Comisión Regional y le será 

remitido a ésta a fin de que proceda a notificar al reclamante. ()

Los exámenes de especialidad o los análisis e informes que demande la reclamación de un dictamen 

emitido por la Comisión Médica Regional, deberán ser financiados por la Administradora y el afiliado en 

la forma que señala el inciso cuarto, si la reclamación proviene del afiliado, pero si ésta proviene de la 

Administradora o de una compañía de seguros, dichos exámenes serán financiados por la reclamante. Si 

se originaren gastos de traslado, éstos serán íntegramente de cargo de quien reclame, salvo que el traslado 

haya sido ordenado por la Comisión Médica Central, en cuyo caso tales gastos serán de cargo de la 

Administradora, si el reclamo ha sido interpuesto por ésta o por el afiliado, o de cargo de la compañía de 

seguros, si fuere ella la reclamante.Con todo, los exámenes de especialidad, los análisis e informes y los gastos de traslado que demande 

la solicitud del afiliado, para obtener el derecho a pensión de invalidez que se señala en el inciso tercero 

del artículo 4º, serán financiados en su totalidad por la Administradora de Fondos de Pensiones en que se 

encuentra afiliado.()

Cualquiera que sea la forma de financiamiento de los exámenes, estará prohibido a las Comisiones 

Médicas Regionales y a la Comisión Médica Central entregar los originales de ellos al afiliado, sin 

perjuicio de que puedan proporcionársele copias una vez ejecutoriado el dictamen correspondiente,

siempre que así lo autorice la Comisión Médica Central.

Si la reclamación se fundare en que la invalidez ya declarada proviene de accidente del trabajo o 

enfermedad profesional, la Comisión Médica Central se integrará además con un médico cirujano 

designado por la Superintendencia de Seguridad Social, quien la presidirá. En caso de empate, el

presidente tendrá la facultad de dirimir respecto de la invalidez. En estos reclamos, integrará la Comisión, 

sólo con derecho a voz, un abogado designado por dicha Superintendencia, quien informará de acuerdo 

con los antecedentes del caso. Además, los organismos administradores de la ley Nº 16.744 a que 

estuviere afecto el afiliado podrán designar un médico cirujano para que asista como observador a las 

sesiones respectivas. En estos casos, para resolver acerca del origen de la invalidez, la Comisión deberá 

solicitar antecedentes e informes a los respectivos organismos administradores, los que deberán remitirlos 

dentro del plazo de diez días.

La Comisión Médica Central podrá solicitar al empleador los antecedentes y las informaciones que 

sean necesarios para la calificación del origen de la invalidez.

El empleador que injustificadamente no proporcionare la información a que se refiere el inciso 

anterior en el plazo de quince días hábiles, contado desde la certificación del despacho por correo de la 

carta certificada que la solicite, será sancionado con una multa a beneficio fiscal, aplicada por la 

Dirección del Trabajo, de dos a diez unidades de fomento, la que se duplicará hasta obtener su 

cumplimiento. Esta multa será reclamable de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 448 del Código del 

Trabajo.

Una vez resuelta la reclamación a que se refiere el inciso octavo, el dictamen deberá ser notificado al 

afiliado, a la Administradora a que se encuentre afiliado, a la compañía de seguros pertinente y a la 

entidad a la que de acuerdo con la ley Nº 16.744 le pudiere corresponder el pago de la respectiva 

prestación por invalidez profesional. Desde la fecha en que fuere notificada, la Administradora deberá 

iniciar el pago de la pensión a que hubiere lugar, si el reclamo es rechazado, o la pensión mínima a que se 

refiere el artículo 73, si el reclamo es acogido. En ambos casos, en contra de lo resuelto por la Comisión 

Médica Central podrá presentarse un reclamo fundado por las personas o entidades notificadas, dentro del 

plazo de quince días corridos, ante la Superintendencia de Seguridad Social, a fin de que se pronuncie, en 

definitiva, acerca de si la invalidez es de origen profesional. La interposición del reclamo no suspenderá 

el inicio del pago de la pensión en la forma señalada en este inciso.

Si en definitiva se resuelve que la invalidez proviene de enfermedad profesional o accidente del 

trabajo, la Administradora cesará en el pago de la pensión que estuviere efectuando al quedar ejecutoriada 

la resolución que fije el grado de incapacidad profesional y tendrá derecho a que la entidad que deba 

pagar la correspondiente prestación de acuerdo con la ley Nº 16.744 le restituya lo pagado al afiliado 

desde la fecha del dictamen de la Comisión Médica Central y desde esa misma fecha, la entidad aludida 

pagará al afiliado las prestaciones que le correspondan de acuerdo con la citada ley.

Si, por el contrario, la resolución de la Superintendencia de Seguridad Social declara que la invalidez 

no es de origen profesional, la Administradora continuará pagando la pensión en los términos establecidos 

en esta ley y si hubiere estado pagando una pensión mínima, efectuará la reliquidación correspondiente.()

Artículo 11 bis.- Las “Normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los 

trabajadores afiliados al nuevo sistema de pensiones” a que se refiere el artículo anterior, serán aprobadas 

por una Comisión Técnica integrada por las siguientes personas:

a) El Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones, quien la presidirá;

b) El Presidente de la Comisión Médica Central;c) Un representante de las Administradoras de Fondos de Pensiones, elegido por éstas;

d) Un representante de las Compañías de Seguros a que se refiere el artículo 59, elegido por éstas, y

e) El Decano de una facultad de Medicina, designado por el Consejo de Rectores.

La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones recibirá los proyectos de

modificación a las normas señaladas precedentemente, que realicen las Administradoras de Fondos de 

Pensiones, las Compañías de Seguros a que se refiere el artículo 59, el Presidente de una Comisión 

Médica de aquellas a que se refiere el artículo anterior, o propondrá sus propias modificaciones, y las 

someterá a la aprobación de la Comisión Técnica.

Esta Comisión sesionará con la asistencia de todos sus miembros y adoptará los acuerdos por mayoría 

absoluta. Un funcionario de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones actuará 

como Secretario de la Comisión y tendrá la calidad de Ministro de Fe respecto de sus actuaciones,

deliberaciones y acuerdos.

Las deliberaciones de la Comisión serán secretas hasta la publicación del acuerdo final, que deberá 

hacerse en el Diario Oficial, a más tardar el primer día hábil del mes siguiente al de la adopción del 

acuerdo.()

Artículo 12.- Las pensiones de invalidez y sobrevivencia que se establecen en este cuerpo legal no 

comprenden las causadas y reguladas de acuerdo a la Ley Nº 16.744, al decreto con fuerza de ley Nº338, 

de 1960, o a cualesquiera otras disposiciones legales que contemplen la protección contra riesgos de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y serán incompatibles con éstas. ()

Asimismo, las pensiones de invalidez que establece este cuerpo legal serán incompatibles con los 

subsidios por incapacidad laboral. ()

Artículo 13.- Los que, con el objeto de obtener o facilitar la obtención indebida de los beneficios que 

establece esta ley, para sí o para terceros, ocultaren la identidad de todos o alguno de sus beneficiarios; 

proporcionaren antecedentes falsos o dolosamente ocultaren antecedentes fidedignos, en perjuicio de una 

Administradora, de una Compañía de Seguros o del Fisco, serán sancionados con las penas que establece 

el artículo 467 del Código Penal. ()

TITULO III

De las Cotizaciones, de los Depósitos de Ahorro Previsional Voluntario y de la Cuenta de Ahorro 

Voluntario ()

1.- De las Cotizaciones ()

Artículo 14.- Se entiende por remuneración la definida en el artículo 41 del Código del Trabajo, sin 

perjuicio de lo señalado en el inciso tercero del artículo 20 de esta ley. ()

La parte de remuneraciones no pagada en dinero será avaluada por la Superintendencia de

Administradoras de Fondos de Pensiones, conforme a normas uniformes.

Artículo 15.- Renta es la cantidad de dinero que declara un afiliado independiente como base de 

cálculo de su cotización, de acuerdo a las normas que se establecen en el Título IX.

Artículo 16.- La remuneración y renta mensual tendrán un límite máximo imponible de sesenta

Unidades de Fomento del último día del mes anterior al pago. ()

Si un trabajador percibe simultáneamente remuneraciones de dos o más empleadores o además declara 

renta como trabajador independiente, todas las remuneraciones y rentas se sumarán para los efectos 

señalados en el inciso anterior, debiendo la Superintendencia determinar la forma en que se efectúen y 

enteren las cotizaciones que señala la ley.Los trabajadores del sector público afiliados al Sistema podrán optar, en forma definitiva mientras 

permanezcan en el mismo empleo, porque tengan el carácter de imponibles las asignaciones que no tienen 

dicha calidad, con excepción de aquellas que el Código del Trabajo declara que no constituyen

remuneraciones. La mayor imponibilidad se considerará sólo para los efectos de esta ley. ()

Artículo 17.- Los trabajadores afiliados al Sistema, menores de 65 años de edad si son hombres, y 

menores de 60 años de edad si son mujeres, estarán obligados a cotizar en su cuenta de capitalización 

individual el 10 por ciento de sus remuneraciones y rentas imponibles.

Además, deberán efectuar una cotización adicional en la misma cuenta y calculada sobre la misma 

base que será determinada por cada Administradora y que estará destinada a su financiamiento, incluido 

el pago de la prima de seguro a que se refiere el artículo 59. Esta cotización adicional deberá ser 

comunicada de acuerdo a lo señalado en el inciso quinto del artículo 29 y tendrá el carácter de uniforme 

para todos los afiliados a una Administradora, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del mismo 

artículo. ()

Durante los períodos de incapacidad laboral, estos afiliados deberán efectuar las cotizaciones a que se 

refiere este artículo.

Asimismo, durante los referidos períodos de incapacidad laboral, los afiliados deberán efectuar la 

cotización para salud establecida en los artículos 84 y 92, calculada sobre las remuneraciones o rentas 

imponibles para salud, según corresponda.

Las cotizaciones establecidas en los incisos precedentes deberán efectuarse sobre la base de la última 

remuneración o renta imponible correspondiente al mes anterior a que se haya iniciado la licencia o en su 

defecto la estipulada en el respectivo contrato de trabajo, en su caso. Para este efecto, la referida 

remuneración o renta imponible se reajustará en la misma oportunidad y porcentaje en que se reajuste el 

subsidio respectivo.

Las entidades pagadoras del subsidio deberán efectuar las retenciones correspondientes y enterar 

dichas cotizaciones en las instituciones que correspondan. ()

Artículo 17 bis.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los afiliados que desempeñen 

trabajos pesados deberán, además, efectuar en su cuenta de capitalización individual, una cotización cuyo 

monto se determinará conforme se dispone en los incisos siguientes.

A su vez, los empleadores que contraten trabajadores para desempeñar trabajos pesados deberán 

enterar en las respectivas cuentas de capitalización individual un aporte cuyo monto será igual al de la 

cotización a que se refiere el inciso anterior.

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo se entenderá que constituyen trabajos pesados aquellos 

cuya realización acelera el desgaste físico, intelectual o síquico en la mayoría de quienes los realizan 

provocando un envejecimiento precoz, aun cuando ellos no generen una enfermedad laboral.

La Comisión Ergonómica Nacional determinará las labores que, por su naturaleza y condiciones en 

que se desarrollan, revisten el carácter de trabajos pesados.

La citada Comisión se relacionará con el Ejecutivo a través de la Subsecretaría de Previsión Social. 

La cotización a que se refiere el inciso primero precedente, será equivalente a un 2% de la

remuneración imponible, según los términos que, para este concepto, establecen los artículos 14 y 16 de 

este decreto ley.

Sin embargo, la Comisión Ergonómica Nacional, al calificar una faena como trabajo pesado, podrá 

reducir la cotización y el aporte que se establecen en este artículo, fijándolos en un 1%, respectivamente.

En su determinación, la Comisión Ergonómica Nacional considerará el menor desgaste relativo

producido por el trabajo pesado.Las cotizaciones y aportes a que se refiere este artículo deberán efectuarse en relación a las

remuneraciones imponibles devengadas a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que quede 

ejecutoriada la respectiva resolución de la Comisión Ergonómica Nacional.

No procederá efectuar las cotizaciones y aportes a que se refiere este artículo, durante los períodos en 

que el trabajador se encuentre en goce de licencia médica. ()

Artículo 18.- La parte de la remuneración y renta imponible destinada al pago de las cotizaciones y 

depósitos de ahorro previsional voluntario establecidos en los artículos 17, 17 bis, 20, 84, 85 y 92, se 

entenderá comprendida dentro de las excepciones que contempla el Nº 1 del artículo 42º de la ley sobre 

Impuesto a la Renta. Se entenderá por depósitos de ahorro previsional voluntario, lo señalado en la letra 

p) del artículo 98 y, en tanto sean efectuados a través de una administradora de fondos de pensiones, se 

sujetarán a lo dispuesto en el artículo 19.

En el caso de los trabajadores independientes que estén efectuando las cotizaciones establecidas en el 

artículo 17 y la destinada a financiar las prestaciones de salud señalada en el artículo 92, quedarán 

exceptuadas del pago del mencionado impuesto las cantidades que se destinen a cotizaciones voluntarias 

y los depósitos de ahorro previsional voluntario. Asimismo, tendrán derecho a dicha exención, en las 

condiciones señaladas, los trabajadores independientes que en un año calendario hayan percibido ingresos 

en algunos meses con cargo a los cuales se efectúen cotizaciones en los restantes meses del mismo año. 

Para efectos de este artículo, la renta efectivamente percibida se determinará en conformidad a lo 

dispuesto en la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Los incrementos que experimenten las cuotas de los fondos de pensiones no constituirán renta para los 

efectos de la ley sobre Impuesto a la Renta. Sin embargo, las pensiones otorgadas conforme a esta ley, 

estarán afectas al Impuesto a la Renta que grava las pensiones, sueldos y salarios. ()

Artículo 19.- Las cotizaciones establecidas en este Título deberán ser declaradas y pagadas por el 

empleador, el trabajador independiente o la entidad pagadora de subsidios, según corresponda, en la 

Administradora de Fondos de Pensiones a que se encuentre afiliado el trabajador, dentro de los diez 

primeros días del mes siguiente a aquél en que se devengaron las remuneraciones y rentas afectas a 

aquéllas, o aquel en que se autorizó la licencia médica por la entidad correspondiente, en su caso, término 

que se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente si dicho plazo expirare en día sábado, domingo o 

festivo. ()

Para este efecto, el empleador deducirá las cotizaciones de las remuneraciones del trabajador.

El empleador o la entidad pagadora de subsidios que no pague oportunamente, y cuando le

correspondiere, según el caso, las cotizaciones de los trabajadores o subsidiados, deberá declararlas en la 

Administradora correspondiente, dentro del plazo señalado en el inciso primero de este artículo.

La declaración deberá contener a lo menos, el nombre, rol único tributario y domicilio de la persona 

natural o jurídica que efectúa la declaración, con indicación del representante legal de ella cuando 

proceda, nombre y rol único tributario de los trabajadores o subsidiados y el monto de las respectivas 

remuneraciones imponibles.

Si el empleador o la entidad pagadora de subsidios no efectúa oportunamente la declaración a que se 

refiere el inciso anterior, o si ésta es incompleta o errónea, será sancionado con una multa a beneficio 

fiscal de media Unidad de Fomento por cada trabajador o subsidiado cuyas cotizaciones no se declaren o 

cuyas declaraciones sean incompletas o erróneas. Si la declaración fuere incompleta o errónea y no 

existen antecedentes que permitan presumir que es maliciosa, quedará exento de esa multa el empleador o 

la entidad pagadora de subsidios que pague las cotizaciones dentro del mes calendario siguiente a aquél 

en que se devengaron las remuneraciones respectivas. Tratándose de empleadores de trabajadores de casa 

particular, la multa será de 0,2 unidades de fomento para el caso que las cotizaciones se paguen el mes 

subsiguiente a aquél en que se retuvieron de las remuneraciones de estos trabajadores, y de 0,5 unidades 

de fomento si se pagan después de esta fecha, aun cuando no hubiesen sido declaradas. ()

Corresponderá a la Dirección del Trabajo la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en este artículo, estando investidos sus Inspectores de la facultad de aplicar las multas a que se refiere el inciso precedente, las que serán reclamables de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º de la 

ley Nº 14.972.

Si la declaración fuere incompleta o falsa y existiere un hecho que permita presumir que es maliciosa, 

el Director del Trabajo, quien sólo podrá delegar estas facultades en los Directores Regionales, podrá 

efectuar la denuncia ante el juez del crimen correspondiente.

Las cotizaciones que no se paguen oportunamente por el empleador o la entidad pagadora de

subsidios, se reajustarán entre el último día del plazo en que debió efectuarse el pago y el día en que 

efectivamente se realice. Para estos efectos, se aumentarán considerando la variación diaria del Indice de 

Precios al Consumidor mensual del período comprendido entre el mes que antecede al mes anterior a 

aquel en que debió efectuarse el pago y el mes que antecede al mes anterior a aquel en que efectivamente 

se realice.

Para cada día de atraso la deuda reajustada devengará un interés penal equivalente a la tasa de interés 

corriente para operaciones reajustables en moneda nacional a que se refiere el artículo 6º de la ley 

Nº18.010, aumentado en un veinte por ciento.

Si en un mes determinado el reajuste e interés penal aumentado en la forma señalada en el inciso 

anterior, resultare de un monto total inferior al interés para operaciones no reajustables que fije la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, o a la rentabilidad nominal de los últimos doce 

meses promedio de todos los Fondos de Pensiones , todas ellas aumentadas en un veinte por ciento, se 

aplicará la mayor de estas dos tasas, caso en el cual no corresponderá aplicación de reajuste. La

rentabilidad nominal de los últimos doce meses promedio de todos los Fondos, se determinará calculando 

el promedio ponderado de la rentabilidad de todos ellos, de acuerdo a la proporción que represente el 

valor total de las cuotas de cada uno, en relación con el valor de las cuotas de todos los Fondos, al último 

día del mes anterior. La rentabilidad mencionada corresponderá a la del mes anteprecedente a aquél en 

que se devenguen los intereses, y será considerada una tasa para los efectos de determinar los intereses 

que procedan. ()

En todo caso, para determinar el interés penal, se aplicará la tasa vigente al día primero del mes 

inmediatamente anterior a aquél en que se devengue. El interés que se determine en conformidad a lo 

dispuesto en los incisos anteriores se capitalizará mensualmente.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones estarán obligadas a seguir las acciones tendientes al 

cobro de las cotizaciones adeudadas y sus reajustes e intereses, aun cuando el afiliado se hubiere 

cambiado de ella. La Administradora, a la cual el afiliado hubiere traspasado sus fondos podrá intervenir 

en el juicio en calidad de coadyuvante.

En los juicios de cobranza de cotizaciones previsionales se aplicarán las normas sobre acumulación de 

autos contenidas en el Título X del Libro I del Código de Procedimiento Civil y se decretará

exclusivamente a petición de cualquiera de las Administradoras de Fondos de Pensiones involucradas.()

Procederá la acumulación de autos cuando se trate del cobro de cotizaciones previsionales adeudadas 

a un trabajador por un mismo empleador, aun cuando las acciones judiciales se inicien por distintas 

Administradoras, correspondiendo acumular el o los juicios más nuevos al más antiguo.

Del mismo modo, procederá la acumulación de causas respecto de un empleador moroso que tuviere 

trabajadores bajo su dependencia afiliados a distintas Administradoras, correspondiendo acumular el o los 

juicios más nuevos al más antiguo.

Los representantes legales de las Administradoras de Fondos de Pensiones tendrán las facultades 

establecidas en el artículo 2º de la ley Nº 17.322, con excepción de la que se señala en el número tercero 

de dicha disposición.

Serán aplicables todas las normas contenidas en los artículos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 11, 12, 14 y 18, 

de la ley Nº 17.322 al cobro de las cotizaciones, reajustes e intereses adeudados a una Administradora de 

Fondos de Pensiones, incluso las sanciones penales establecidas en dicho cuerpo legal para los 

empleadores que no consignen las cotizaciones que hubieren retenido o debido retener, las que podrán 

hacerse extensivas, en su caso, a las entidades pagadoras de subsidios.()Los reajustes e intereses serán abonados conjuntamente con el valor de las cotizaciones en la cuenta 

de capitalización individual del afiliado. Serán de beneficio de la Administradora las costas de cobranza y 

la parte del recargo de los intereses a que se refieren los incisos noveno y décimo, equivalente a un 20% 

de los intereses que habría correspondido pagar de aplicarse interés simple sobre la deuda reajustada. La 

diferencia que resulte entre dicho monto y los intereses que efectivamente pague el empleador calculados 

de acuerdo a lo dispuesto en los incisos noveno, décimo y undécimo, se abonará a la cuenta de

capitalización del afiliado, siendo de su beneficio.()

La prescripción que extingue las acciones para el cobro de cotizaciones previsionales, multas,

reajustes e intereses, será de cinco años y se contará desde el término de los respectivos servicios. ()

Las cotizaciones previsionales, multas, reajustes e intereses que las Administradoras de Fondos de 

Pensiones tienen la obligación de cobrar, gozarán del privilegio establecido en el Nº 5 del artículo 2.472 

del Código Civil, conservando este privilegio por sobre los derechos de prenda y otras garantías 

establecidas en leyes especiales.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 12 y 14 de la Ley Nº 17.322, se aplicarán las penas del 

artículo 467 del Código Penal al que en perjuicio del trabajador o de sus derechohabientes se apropiare o 

distrajere el dinero proveniente de las cotizaciones que se hubiere descontado de la remuneración del 

trabajador.

2.- De las Cotizaciones Voluntarias, de los Depósitos Convenidos y de los Depósitos de Ahorro 

Previsional Voluntario.()

Artículo 20.- Cada trabajador podrá efectuar cotizaciones voluntarias en su cuenta de capitalización 

individual, en cualquier fondo de la administradora en la que se encuentra afiliado o depósitos de ahorro 

previsional voluntario en los planes de ahorro previsional voluntario autorizados por las

Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras o de Valores y Seguros, según corresponda, que 

ofrezcan los bancos e instituciones financieras, las administradoras de fondos mutuos, las compañías de 

seguros de vida, las administradoras de fondos de inversión y las administradoras de fondos para la 

vivienda. A su vez, la Superintendencia de Valores y Seguros podrá autorizar otras instituciones y planes